TECJUR S.A.S

El panorama ambiental colombiano presenta una serie de retos y oportunidades clave para las empresas, enmarcadas por una legislación cada vez más estricta y un entorno social que exige mayores compromisos ambientales. La realidad actual en Colombia muestra cómo los efectos del cambio climático, el deterioro de los recursos naturales y la contaminación han generado respuestas regulatorias importantes por parte del Estado, las cuales impactan directamente en las obligaciones tributarias y contables del sector empresarial. Las recientes actualizaciones normativas, como la Ley 2169 de 2021 sobre transición hacia la carbono neutralidad y la Ley 2232 de 2022 que limita el uso de plásticos de un solo uso, junto a la consolidación del Decreto 1076 de 2015 y la tradicional Ley 99 de 1993, configuran un entramado legal que obliga a las empresas a replantear sus estrategias operativas y administrativas desde una perspectiva ambiental. Estas normas no son meros instrumentos declarativos, sino herr...

La revolución digital ha transformado profundamente el mundo del trabajo y la gestión de ingresos. Las plataformas tecnológicas como Rappi, Uber, DiDi, Axi, entre muchas otras, han generado una nueva forma de prestar servicios: descentralizada, flexible y mediada por algoritmos. En Colombia, este fenómeno ha traído consigo nuevas oportunidades económicas para miles de conductores, domiciliarios y repartidores, pero también una serie de retos en materia contable, tributaria y financiera. ¿Cómo deben declarar sus ingresos? ¿Qué obligaciones fiscales tienen? ¿Qué riesgos enfrentan por operar sin formalización? Este artículo, inspirado en el análisis de Ámbito Jurídico sobre plataformas digitales y trabajo en Colombia, se propone abordar con profundidad las implicaciones contables y financieras del trabajo digital en plataformas, sus desafíos y cómo TecJur puede brindar soluciones prácticas y legales para los trabajadores de este sector. La economía de plataformas, también conocida como ...

 El reciente anuncio del Gobierno Nacional, a través de Colpensiones, sobre la imposibilidad de pagar el bono mensual de $230.000 prometido a los adultos mayores en situación de vulnerabilidad, ha reavivado un debate jurídico y político profundo sobre la sostenibilidad fiscal del Estado, los compromisos asumidos por el Ejecutivo y el respeto a los derechos fundamentales de quienes, por su edad y condiciones sociales, merecen especial protección. Esta decisión, que implica el aplazamiento indefinido de una de las promesas bandera del actual gobierno en materia de inclusión social, plantea serios interrogantes sobre la planificación normativa y financiera de la política pública, así como sobre la coherencia entre el discurso oficial y las capacidades institucionales reales. Aunque la medida fue anunciada como parte del nuevo modelo de protección social para la vejez —en reemplazo parcial del programa Colombia Mayor— y se incluyó en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026,...